Y AHORA EL LENGUAJE JURÍDICO

  La noticia de que la RAE ha publicado un libro de estilo para acabar con la escritura farragosa de jueces y abogados ha colmado de satisfacción a un servidor, pues uno no tiene reparo alguno en confesarse un profundo enamorado del bien hablar y del bien decir, que de forma lamentable está viniendo a menos en esta época actual, incluso en el lenguaje culto.

 

  Y  es que el problema del lenguaje jurídico es más común de lo que se piensa. La escritura nada clara y hasta poco académica de los hombres de leyes –no podemos obviar que el juez, antes que versado en Derecho al igual que el abogado, es letrado (del latín litteratus), es decir, persona sabia, docta e instruida– ha llevado al eminente jurista y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, D. Santiago Muñoz Machado, –secretario también de la Real Academia Española y miembro de la de Ciencias Morales y Política--, a dirigir la elaboración del Libro de estilo de la Justicia, una especie de manual concebido con el fin de intentar corregir los malos usos y errores corrientes en la organización de los párrafos, la utilización del género y el número, los latinismos o el régimen de las concordancias, a la vez que para alertar sobre anacolutos o errores de construcción, sin olvidar los problemas semánticos, de significado y sentido, o recordando las reglas de acentuación gráfica, las concernientes a la unión y separación de palabras, o el uso de la puntuación y de las mayúsculas. 

 

  A pesar de su edad, uno no sabría precisar en concreto, aquí y ahora, si el término secretario perteneció en algún momento al género común, en el que ya se sabe se incluyen aquellas palabras que con la misma terminación y distinto artículo designan los dos sexos, casos de “el testigo y la testigo” o “el mártir y la mártir”; sí es significativo que en alguna antigua edición del diccionario de la RAE se definiera la voz secretaria como la mujer del secretario o la mujer que hace de secretario. Pero de lo que no cabe duda es que, al menos, desde la XXII edición de dicho diccionario se considera que la persona que se encarga de las labores propias de una secretaría, sea esta pública o privada, puede ser tanto un secretario como una secretaria. Por ello, un servidor no puede hacer abstracción en el presente comentario de que no hace demasiado tiempo alguna secretaria judicial, –antes de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque a partir de la Ley Orgánica 7/2015 los secretarios judiciales pasaron a denominarse Letrados de la Administración de Justicia–, se autollamaba a sí misma en sus escritos como la secretario, cosa nada de extrañar por otra parte, ya que más de una fémina que ejerce la medicina se sigue catalogando como la médico, de forma incomprensible obviamente pues es de sobra conocido que la palabra médica ya no es ningún palabro. Y ya se sabe lo de la concordancia, esto es, la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales (género, número y persona) entre distintos elementos variables de la oración; algo que no es cosa de uno, que es cosa de la RAE. 

 

  Y, a propósito de lenguaje jurídico, en este muchas veces el discurso se reduce al abuso de párrafos reiterativos y al empleo de frases estereotipadas, que en la práctica no vienen a decir nada. Así, por ejemplo, no es inusual que en las contestaciones a una demanda en los procesos contencioso- administrativos, –extremo este sobre el que el comentarista puede decir algo– los abogados del Estado se limitan a argumentar en cuanto a los hechos, –¡toma ya!– que se niegan los articulados de contrario en tanto no resulten indubitadamente del expediente administrativo o sean cumplidamente acreditados durante el periodo probatorio, si lo hubiera; o, respecto a los fundamentos de derecho, que se dan por reproducidos, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, los acertados términos de la resolución impugnada. Y esa práctica, que ya constituía una norma habitual por parte de la Abogacía del Estado antes de que estuviera en su apogeo el sistema de cortar y pegar de los ordenadores, porque la Informática aún no había hecho su aparición en las oficinas y despachos judiciales, da lugar indefectiblemente a innumerables errores de datos y fechas, que sin duda alguna va en detrimento de la Administración de Justicia.

 Pues, si el libro del sr. Muñoz Machado sirve para algo, bienvenido sea porque probablemente saldremos ganando todos, no solo los jueces, sino también los justiciables.