A
un buen amigo,
que es tesorero de una asociación, uno
le
ha
oído decir en alguna ocasión, en plan irónico
ciertamente, que los presupuestos están para no cumplirse.
Bueno, pues esto que parece una auténtica
chorrada
pero que en modo
alguno lo es realmente en
multitud de ocasiones, roza el colmo del dislate si lo trasladamos al
campo del cumplimiento de las leyes o las sentencias judiciales, porque se ha puesto de moda, sobre
todo en Cataluña con
los independentistas,
o
separatistas para ser más exactos,
que ni se
deben respetar
las
unas ni
se
deben acatar
las
otras,
a pesar de que la Constitución dice de las segundas que es
obligado cumplir
las
sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales
(art. 118 CE ); y la mayoría de las primeras se suele
rematar
con la estereotipada
y protocolaria
frase
(ahora que tanto se habla de
que hay seguir el
protocolo,
o que este
no
se ha seguido),
firmada
por su Majestad el
Rey, de
que
Mando
a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden
y
hagan guardar
esta
ley.
Claro
que, si en el
caso de
les
pays catalans
con su
actual president
de la Generalitat
a
la cabeza,
no
se sienten españoles, aun cuando muy a su pesar TODAVÍA lo sean,
poco más se
puede añadir.
Por
cierto, ¿alguien con esa cara de estudiante bueno
(que
no buen estudiante, porque parece ser que
no terminó
los
estudios superiores
iniciados),
que tiene esa forma tan
peculiar de
actuar
o de comportarse
y que ni siquiera posee formación académica alguna (se refiere un
servidor
obviamente a don Carles
Puigdemont i
Casamajó)
es
merecedor del tratamiento de
molt
honorable
senjor? Cierto
es que
uno
de sus antecesores, don Jordi
Pujol i Soley,
que sí
terminó su carrera universitaria (al igual que don Pasqual
Maragall Mira
o
don
Arthurt
Mas i
Gavarró,
no
así don José Montilla Aguilera,
que se conozca),
ya vimos cómo nos
salió.
Y es que ya se sabe, aunque
sea en sentido figurado lógicamente,
que quod
natura non dat, Salmantica non praestat.
Bueno,
pero
el
comentarista iba
a otra cosa
para terminar con el tema de referencia en el que se ha visto
involucrada de
alguna
forma la Federación Española de Fútbol. Y es que resulta que,
según ha podido leer un servidor en los medios de comunicación,
mientras se resuelve el problema del sr. Villar
Llona,
Juan
Luis Larrea Sarobe ha sido nombrado de forma interina presidente de
la RFEF, no
se sabe a ciencia cierta con base en qué norma legal o estatutaria.
Porque,
según
dice el art. 34.7 de los estatutos de dicha Federación, en
supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida
transitoriamente desempeñar sus funciones el Presidente será
sustituido por los Vicepresidentes, en
su orden; en defecto de ellos,
por el Tesorero y, en última instancia, por el miembro de mayor
antigüedad de la Junta Directiva, o por el de más edad si aquella
fuera la misma. Y,
que uno sepa, el sr. Larrea era Tesorero, no
Vicepresidente;
ergo la convocatoria
y posterior celebración
de la Asamblea del
día 31 de julio de 2017, con el
suspendido Presidente en chirona,
tiene viso
de muy dudosa legalidad porque,
que uno
sepa también, queda libre
por
ahí algún vicepresidente, cual es el caso del siempre polémico sr. Gaspart; pero la norma es la norma ¿O es que este ha
dimitido, sin que se haya publicado,
de su cargo de Vicepresidente para
Asuntos Internacionales de la RFEF? Uno
lamenta,
por tanto,
discrepar del
asesor jurídico de
la RFEF don Kepa Larumbe, en
cuanto a que la Asamblea General como su Junta Directiva estuvieran
perfecta y legalmente constituidas. (Y
a tal respecto quiere hacerle saber a su ex colega que el
comentarista hace unos años impugnó la Junta
de Propietarios de
su Comunidad
por no haberse convocado de acuerdo con el plazo previsto en sus
estatutos; y el Juzgado le dio la razón declarando nula la misma).
Por cierto, no deja de ser
sorprendente que a la
Asamblea de la RFEF tan
solo asistieran SEIS
representantes de Liga
Santander, caso del Atlético de
Madrid, Barcelona, Espanyol,
Deportivo, Real Sociedad y Sevilla; y
UNO de la Liga 123, el del Albacete, lo cual
parece
una más
que ridícula representación.
¡Ah!,
y sin querer uno ponerse
moños, un
servidor ya anticipaba
en su primer comentario sobre el tema respecto a las medidas
cautelares tomadas por el juez Pedraz que luego
vendría
el tío Paco con las rebajas, como ocurre casi siempre, en que
aquella a la larga suele menguar.
Pues bien, a los once días de dictarse aquellas, como
era de esperar,
el magistrado ha optado por atemperar
dichas medidas cautelares
imponiendo al sr. Villar Llona una
fianza de 300.000 € para que pueda
salir de la cárcel,
(la misma caución le ha impuesto al
sr, Padrón y la
mitad al
hijo de aquel, todos los cuales
no han tenido problemas económicos para pagarla
ipso facto,
como también era de prever), aparte
de la retirada del pasaporte con
la obligación de comparecer
semanalmente ante el Juzgado y
de facilitar un teléfono móvil
para que esté localizado en todo momento y estar a disposición
judicial constante. Y, hombre, el
argumento de que con
las actuaciones judiciales ya practicadas difícilmente puede haber
riesgo de fuga o de obstrucción
a la justicia, tal como argumenta su cambiante decisión
el magistrado, parece poco consistente. Esa
es, al menos, la opinión de un servidor.
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