Bueno,
pues ya no está Franco en el Valle de los Caídos, con
lo que al parecer
se acabaron los problemas que tiene este nuestro país llamado España
(léase
paro, educación, sanidad, vivienda, revalorización de pensiones,
etc.); con
permiso de Cataluña, claro está, y los partidos independentistas,
que Dios confunda. ¡Bravo, por el presidente en funciones don Pedro
Sánchez y sus adláteres del Gobierno, que ojalá fueran confundidos
también! Porque la cuestión fundamental, y no otra obviamente, era
la exhumación del dictador de
la famosa basílica de
Cuelgamuros (posiblemente a partir de ahora lo será mucho más y no
precisamente por haber participado en la monumental
obra escultórica el
genial artista Juan de Ávalos), donde llevaba enterrado, con razón
o sin ella, algo
más de CUARENTA Y TRES
AÑOS, así
como su nueva inhumación, que está por ver si de manera
definitiva, en el
aislado cementerio de Mingorrubio en El Pardo.
Pero,
sobre todo, se olvida
el tema
catalán, que interesa
menos. (Por
cierto, y como cuestión
tangencial ahora que
está tan candente
el tema de revalorizar las pensiones cada año de acuerdo con el IPC,
no estará de más
recordar
que eso ya existía en la anterior Ley de Seguridad Social; sí,
porque el apartado 1
del art. 48 del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que
llevaba la
firma del Rey emérito
don Juan Carlos, junto
a la del
Ministro de Trabajo don José
Antonio Griñán Martínez,
textualmente decía
que las
pensiones reconocidas
por jubilación o por invalidez permanente,
en su modalidad contributiva, SERÁN
REVALORIZADAS
AL COMIENZO DE CADA AÑO DE ACUERDO CON EL ÍNDICE
DE PRECIOS AL
CONSUMO PREVISTO
PARA DICHO AÑO.
Y dicho artículo se
modificó por su redacción actual (1),
mediante la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora
del Factor de Sostenibilidad
y del Indice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la
Seguridad Social,
ya con Maríano Rajoy
al frente del ejecutivo.
Simplemente lo dice uno,
porque hoy día nos ha dado por colgarnos
medallas que no nos
corresponden y que es mérito de otros, Franco incluido,
como por ejemplo el propio
sistema de pensiones,
que data del año 1966, por si alguien lo había olvidado, aparte de
otras cuestiones que no es preciso traer a colación por ser de
sobra conocidas).
El
comentarista simplemente quiere hacer una apostilla a las palabras de
Pedro Sánchez, a propósito de su declaración institucional en La
Moncloa, tras la exhumación de Franco con la que indudablemente se
ha cubierto de gloria. Porque, al margen de ser él uno de los
impulsores a ultranza del lenguaje inclusivo (lo de los parados y
las paradas, por ejemplo, suena un tanto antiestético y hasta
ridículo), la frase de que la España actual es fruto del
perdón, pero no puede ser producto del olvido es digna de ser
enmarcada, cuando menos, con ribetes de calandrajo, cual un servidor
suele repetir con asiduidad. Claro, que es obvio que usted, querido
Presidente interino, no puede presumir precisamente de ser un
Demóstenes, un Cicerón o un Emilio Castelar. Y mire, sr. Sánchez,
en opinión de un servidor y de otras muchas personas más
capacitadas intelectualmente que usted, cuando hay perdón, siempre
que este sea verdadero, tiene que existir olvido; o dicho de otro
modo, perdón y olvido, u olvido y perdón, han de estar siempre
entrelazados íntimamente. Por ello, sería bueno recordarle,
Presidente, que en uno de los evangelios Cristo Jesús (personaje
que, al margen de que se crea fuera o no fuera el Hijo de Dios, es
indudable que ha pasado a la historia, cosa que a usted con toda
seguridad no le cabrá el honor de tener), a la pregunta de su
homónimo el apóstol Pedro respecto a las veces que debía
perdonar al hermano que pecara contra él, le respondió que no
solo siete veces (porque ese era el límite que se había fijado
él mismo como algo extraordinario), sino setenta veces siete.
Sí, ya sabe el comentarista que eso evidentemente le trae a usted
sin cuidado, o hablando mal y pronto, que le importa un carajo (2),
porque para cualquier izquierdoso de turno España es un país
laico, lo cual en modo alguno es verdad, por cuanto es
aconfesional, que es otra historia (art. 16 C.E., que sin duda
debieran ustedes repasar).
¡Ah!
Y, como también dijo
usted en
la comparecencia en cuestión que donde
antes en España había represión y dictadura hoy hay libertad y
democracia (o uniformidad e imposición frente
a diversidad cultural y territorial,
que no se sabe muy bien en qué consiste la contraposición de unos
conceptos con otros), cabría
preguntarle que por
qué razón convirtió aquella en un soliloquio, sin permitir ningún
tipo de preguntas por parte de los medios de comunicación. Porque
¿no
es eso lo más parecido a lo que hacía el dictador al que usted
tanto ha
vituperado
y sigue vituperando? ¿Y, cómo en el colmo del dislate, haciendo
abstracción de la sentencia del Supremo (cuyos motivos expresados en
la misma no hace falta incidir en que uno no comparte del todo) usted
y su Gobierno no permitieron
a la familia de Franco actuar como les viniera en gana, so pretexto
de una Ley, la
número
52/2007
de
26 de diciembre (mal
llamada
de
memoria histórica, por
cuanto
en realidad no se llama así), cuando
en Cataluña se permite todo tipo de manifestaciones y desmanes sin
ningún tipo de cortapisas? Porque el
objeto de la Ley, según
se
dice en su primer artículo, es
el de reconocer y ampliar derechos
a
favor de quienes padecieron persecución o violencia, por
razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la
Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la
recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas
complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre
los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y
solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a
los principios, valores y libertades constitucionales
(de
reconocer y ampliar derechos y de establecer medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y
la dictadura
es
como responde su
título).
Más
adelante, el
art. 15.1 se encarga de decir que las
Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias,
tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura;
y
uno desde
luego no
cree, con todos los respeto a quienes piensan lo contrario, que una
lápida
con una muy sencilla inscripción
pueda
considerarse como una
exaltación de nada.
Y, ya
en
el art. 16, que es el que se dedica al Valle de los Caídos (en el
punto 1 se habla de que este
se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter
general a los lugares de culto y a los cementerios públicos),
en el punto 2 se indica que en
ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza
política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o
del franquismo,
habiéndose
colado de rondón casi
once años después a
través de un Decreto-Ley, (muy
discutible a todas luces, a pesar del criterio del Tribunal Supremo),
que en
el Valle de los Caídos sólo (3)
podrán
yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la
Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y
homenaje a las víctimas de la contienda.
Y
de verdad, de verdad, ¿se
puede afirmar con absoluta certeza y sin ambages que los
restos de todas
las personas
que reposan en la basílica de Cuelgamuros fallecieron a resultas de
la dichosa
contienda?
Como
colofón, tenga por seguro, eso sí, Sr. Sánchez, que uno le desea a
usted y a su partido la peor suerte del mundo en las próximas
elecciones del 10 de noviembre. Quod scripsi scriptum.
No hay comentarios:
Publicar un comentario