El
comentarista oyó decir hace poco a la egabrense Dª María del
Carmen Calvo Poyato (más conocida como Dª Carmen Calvo, actual
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de
Igualdad y de Relaciones con las Cortes), a propósito de la
pretendida reforma del Código Penal y de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal
respecto a los delitos relacionados con el sexo, que
"si
una mujer no dice 'sí' expresamente, todo lo demás es 'no'".
Y
la buena señora se
ha quedado tan a gusto,
como si hubiera descubierto
la
pólvora
o la penicilina.
Menos
mal que no es
bueno
que ella
las
descubriera;
como
tampoco
lo es igualmente
que no haya ejercido mucho tiempo la
docencia
(en su curriculum
figura
la de doctora
en Derecho
Constitucional
por la Universidad de Córdoba, de cuya materia es profesora titular
en excedencia), porque un servidor
no
le rendiría las ganancias
a sus alumnos, los
futuros profesionales del Derecho.
Y
es que en la vida, en este
mundo
nuestro tan complicado, las cosas no pueden llevarse
a una simplicidad tan
extrema.
Uno
recuerda haber aprendido, cuando estudiaba Filosofía en sus años
mozos allá en el Seminario, que la negación de un término implica
per se
la afirmación de su
contradictorio,
pero nunca jamás la de su
contrario. Si alguien, pongamos
por caso,
dice de cualquier objeto que este
no
es blanco,
no
está diciendo que necesariamente
tenga que ser
negro, porque caben
matices, o sea, que puede ser
verde, rojo o amarillo, por
ejemplo.
Es
verdad que la
idea que subyace en el fondo de la propuesta de
Dª Carmen de que los tipos penales no pueden
ponerse en riesgo a través de la interpretación de los jueces
(así parece que lo ha planteado en la Comisión de Igualdad del
Congreso) no está mal del todo como punto de partida; pero no cabe
duda de que al final el juez tiene que entrar a valorar la conducta
concreta de la persona, máxime en ese tipo de delitos donde la gama
es bastante amplia y en los que las circunstancias agravantes y, en
su caso, las atenuantes pueden jugar un papel de cierta relevancia a
tener en consideración a la hora de la condena. En tal sentido, una
destacada jurista de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha
precisado (criterio que uno comparte en toda su extensión) que es
imposible lo manifestado por la Sra. Calvo en cuanto a que los tipos
penales no sean interpretables.
En
todo caso, y en el colmo del dislate, a
juicio de un servidor
la Sra. Calvo se ha
pasado un pelín
cuando se ha referido
después al tema del
lenguaje. Porque se ha publicado
que ella (quien
sostiene, al parecer,
que las
señoras tienen que ser caballeras, quijotas o
manchegas)
ha
encargado a la Real Academia de
la Lengua
un estudio sobre la adecuación de la Constitución española a un
lenguaje 'inclusivo',
que
en
abstracto uno
la verdad no sabe lo que ha querido decir con eso,
si bien parece que se trata de incluir
en ella a las mujeres, porque en su opinión tenemos
una Constitución
en masculino, de
ministros y diputados, que se corresponde a hace 40 años.
Según sus palabras, cuando
este Gobierno
fue a la toma de posesión,
a
algunas nos costaba trabajo prometer como ministros,
fundamentalmente porque somos 'ministras',
conclusión a la que el comentarista ignora cómo ha podido llegar
porque, que uno sepa, la palabra ministra
está admitida en el diccionario de
la RAE. (Por cierto,
todavía existen
bastantes féminas
que se dedican a la medicina que
se siguen llamando a sí
mismas médicos
y no médicas).
Una cosa
es querer luchar por la igualdad de sexos
(que no de géneros, Sra.
Calvo), a todas luces
loable; y otra muy distinta pretender sacar la cosas fuera de
contexto, apoyándose en un falso feminismo, so pretexto de un
lenguaje supuestamente masculinista
(1)
que en modo alguno se sostiene. El hecho de que, según Dª Carmen,
la Carta Magna
nombre
23
veces a los españoles
y ninguna a las españolas,
34 a los diputados y ninguna a las diputadas,
9 a
los ministros y
ninguna a las ministras
o 7
a los
trabajadores y
ninguna a las
trabajadoras (uno
no los ha contado, pero eso es lo de menos), nada tiene que ver con
la cuestión. Claro, que como su
jefe,
el presidente Pedro Sánchez, es un experto y consumado especialista
en eso de usar de forma inadecuada el plural para referirse a ambos
sexos (casos de amigos
y amigas, compañeros y compañeras, parados y paradas,
etc., que suena horriblemente mal), pues así nos va. Y conviene
recordar una vez más que la RAE ya tuvo oportunidad de pronunciarse
al respecto, diciendo que los
nombres apelativos masculinos, cuando se emplean en plural, pueden
incluir en su designación a seres de uno y otro sexo,
añadiendo que en
los últimos tiempos, por razones de corrección política, que no de
corrección lingüística, se está extendiendo la costumbre de hacer
explícita la alusión a ambos sexos, olvidando
que en la
lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos mixtos
a través del género gramatical masculino, posibilidad en la que no
debe verse intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de
la ley lingüística de la economía expresiva (2).
¡Ah! La
Sra. Calvo ha puesto especial énfasis en precisar que el objetivo
del Ejecutivo
está en
la devolución
de las competencias del
tema a
los Ayuntamientos. Y
uno de forma ingenua pregunta a
la Sra.
Calvo si
eso
va a servir
para desterrar la
violencia de
sexos, tanto masculina como femenina, (que
alguna también hay, aunque menos) de
una puñetera
vez.
(1)
El palabro curiosamente no existe en el diccionario, aun cuando uno
lo ha empleado para que haga juego con el de feminismo.
(2)
A mayor abundamiento desde la
RAE ya
han avisado
que no se puede pretender adaptar la realidad del lenguaje a los
intereses políticos.
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