Según dispone el punto 17 de la llamada de forma ampulosa Carta
de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia —que,
aun sin valor ninguno de ley, alguna importancia debe tener al haber
sido aprobada por la totalidad de los Grupos Parlamentarios presentes
en el Congreso de los Diputados—, el
ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas
y sugerencias
relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de
Justicia, añadiendo a
continuación que podrán
presentarlas,
entre otros estamentos, ante
el Consejo General del Poder Judicial.
Pues
bien, con base en ello, un servidor se permite elevar la presente
QUEJA
contra el magistrado de la Audiencia Nacional D. José Ricardo de
Prada, quien, en uno de los cursos del Campus de Verano organizado
por la Universidad Complutense de Madrid, —con el auspicio, según
se ha dicho también, del Gobierno Vasco, lo cual aclararía
ciertamente la cuestión—, se ha permitido, al parecer, manifestar
públicamente que las
condenas a miembros de la banda terrorista ETA son altas y
desproporcionadas,
señalando igualmente que sobre
todo hay un régimen de cumplimiento de penas totalmente desigual en
relación con el resto de presos.
Es
cierto que tales afirmaciones han sido aireadas por los medios de
comunicación y, por lo tanto, no las ha oído uno directamente de
bocas del citado juez; y es verdad también que, al haberse vertido
en el ámbito de una conferencia, no se trata en sentido estricto de
un tema relacionado con el funcionamiento de la Administración de
Justicia. Pero, si realmente son ciertas, con el mismo derecho con
que dicho juez se toma la libertad hacer tales manifestaciones un
servidor está en el suyo de poder expresar las afirmaciones que le
venga en gana.
Y
es que obviamente la pregunta cae por su propio peso. Qué criterio
va a seguir el susodicho magistrado cuando se trate de juzgar a
algún etarra, si es que llega la ocasión, pues es evidente que no
puede estar ni un minuto más al frente de un juzgado en la Audiencia
Nacional. Porque, ¿no tratará, en su caso, de buscar las atenuantes
o, incluso, eximentes que sean necesarias para evitar que a aquéllos
le sean aplicadas las penas que les corresponda según la ley?
Si
este señor no está de acuerdo en la aplicación de la leyes,
que son las que son, —es de suponer que no se le haya olvidado que
la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución
y al imperio de la ley
(art. 117.1 CE y art. 1 LOPJ—., la conclusión tan lógica como
elemental es que abandone la judicatura y que se dedique a la
política; desde donde podrá, bien desde el partido al que se
afilie o desde el que él mismo cree, intentar que se modifiquen
las leyes para que éstas sean más benignas contra los que cometan
delitos de terrorismo. A lo mejor, tiene más suerte en ese campo que
el ex-juez Baltasar Garzón o el todavía juez, excedente voluntario
por ahora, Elpidio José Silva.
Nota.-
El comentario que precede se corresponde prácticamente con el texto
íntegro de la carta que un servidor ha remitido con fecha 3 de julio
de 2014 al Consejo General del Poder Judicial en relación con las
manifestaciones vertidas en una conferencia por el magistrado de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional D. José Ricardo de Prada.
Parece ser que este juez ya hizo unas polémicas declaraciones con
respecto a la Ley de Partidos y a las interpretaciones llevadas a
cabo por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que, a su
juicio, no ayudaban en cualquier proceso de paz con la organización
terrorista ETA —antes estuvo destinado como juez en Baracaldo y
como magistrado en Bilbao— durante el gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Por cierto, fue ponente de la sentencia que
condenó al criminal argentino Adolfo Scilingo a 640 años de
prisión por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas,
cometidos en el marco de la dictadura militar que gobernó la
República Argentina entre 1976 y 1983. Sin duda, por muy miembro
del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo que sea y que se
encuentre calificado por la Unión Europea como experto de la misma
en asesoramiento en cooperación internacional, está bastante claro
que, según las situaciones, ve las cosas de diferente manera;
vamos, que procede ad
libitum
o ad
nutum, o
sea, a conveniencia de lo que le interesa en el momento dado.
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